Las autoridades de la empresa, lejos de aceptar las responsabilidades del caso, ordenaron a unos 50 empleados impedir que los inspectores colocaran las fajas y procedan al cierre preventivo del lugar. La situación provocó la llegada de seis móviles de la policía. En ese contexto, para evitar una escalada de los hechos, las autoridades municipales decidieron retirarse y denunciar penalmente lo ocurrido.

En el local los inspectores habían detectado 23 anomalías referidas a seguridad e higiene y faltas a medidas bromatológicas, lo que hizo que se secuestrara mercadería, incluyendo cárnicos. Por otra parte, se detectó el vuelco de efluentes líquidos sin tratamiento y cinco empleados no contaban con el certificado que habilita a la manipulación de alimentos.

Las autoridades de la subsecretaría de Inspección de Industria, Comercio, Obras Particulares y Espacios Públicos aseguran que la denuncia penal se realizará en las próximas horas y que el hecho que el establecimiento continúe desarrollando actividades a pesar de la medida dispuesta agrava aún más su situación.